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Barranquilla, 22 de marzo de 2024
En medio de un operativo de revisión a equipos de medida en el municipio de Sabanalarga por parte de la empresa Air-e, se presentó un acto de violencia física, verbal y psicológica en contra del personal técnico autorizado que adelantaba estas labores y de daño a sus implementos de trabajo, con los cuales se garantiza la prestación de un servicio esencial como es el de la energía eléctrica.
El mencionado operativo se encuentra amparado por la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) que tiene como objetivo certificar la exactitud de la medida y normalizar las instalaciones que no funcionen adecuadamente y que representen peligro para los mismos usuarios.
En la arteria principal de este municipio del Atlántico, la calle 22, un individuo se abalanzó de forma agresiva sobre los trabajadores de las cuadrillas, atacándolos físicamente y dañando con un arma contundente en su mano —un tubo metálico— la escalera para realizar su labor amparada en la ley.
Capturado usuario en Sabanalarga por agredir a operario de Air-e
Este acto irresponsable y violento no solo obstaculizó la tarea esencial de verificar la precisión en la medición del consumo de energía, sino que también puso en peligro la integridad de las instalaciones eléctricas, comprometiendo la seguridad de toda la comunidad ante posibles fallos en el servicio.
La rápida intervención de la Policía Nacional resultó en la captura en flagrancia de un individuo de 37 años, quien enfrenta cargos por el delito de daño en bien ajeno. Es así como se realizó la denuncia en contra de esta persona, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General.
Al respecto, la compañía indicó que el accionar del capturado incumple la ley 142 de 1994 por el hecho de que constituye un acto que perturba el legítimo derecho que tiene la empresa de adelantar esta labor. El artículo 29 señala que las personas que perturban estos tipos de trabajo son acreedoras de multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales por cada semana o fracción de demora de los trabajos.
Adicional, el individuo cometió el delito de constreñimiento y el delito de agresión. Para ambos casos, Aire está respaldado por un sólido marco legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, respondan por sus delitos y se hagan plenamente responsables ante la justicia.
Otro caso de agresión y defraudación de fluidos fue reportado por la Policía en el sector de la calle 44 con carrera 53B, en Barrio Abajo de Barranquilla.
Una persona identificada como Richard Enrique Castro, de 43 años y electricista de profesión, fue capturado en flagrancia cuando manipulaba un medidor de energía eléctrica montado en una escalera. El sujeto intentó darse a la huida cuando la autoridad solicitó un registro de sus pertenencias y en un estado agresivo, mordió en el brazo a un patrullero de la institución.
Además del delito de defraudación de fluidos electrónico, la captura se efectuó por violencia contra servidor público e impedimento de las acciones, cuyo delito está consagrado en el artículo 429 del Código Penal y tiene prevista una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
Al instante, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en donde la autoridad competente lo pondrá a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que afrente el proceso penal por los delitos de defraudación de fluidos en grado de tentativa y violencia contra servidor público. Recordemos que el delito de defraudación de fluidos tiene una pena máxima de prisión de seis (6) años y una multa de hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale hoy en día a $195.000.000.
Air-e rechaza enérgicamente cualquier tipo de violencia en contra de sus trabajadores, contratistas y autoridades, puesto que dentro de un estado de derecho se les tiene que permitir a las personas el ejercicio de las actuaciones legítimas, sobre todo cuando se trata de la prestación de un servicio tan esencial.
como el de la energía eléctrica que comporta una actividad riesgosa. Estos actos de violencia trascienden la esfera del derecho a la presentación de PQR por parte de los usuarios y constituyen un verdadero atentado contra la vida y la integridad personal de nuestros operarios y las autoridades que, en ejercicio de un mandado constitucional y legal, protegen la labor que se desarrolla.
Hacemos un llamado y una invitación cordial a la tolerancia y al respeto por el orden jurídico, el cual no se puede trasgredir de ninguna manera. Ponemos a disposición de nuestros usuarios las oficinas de atención al cliente para que a través de los medios previstos en la ley hagan valer sus derechos y presenten cualquier inquietud relacionada con la prestación del servicio. Las vías de hecho y la violencia no son la manera de expresarse puesto que constituyen actos reprochables y sancionables por la ley.
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